Amnistía Internacional pide que Milei sume presión para que la misión de DDHH de la ONU siga investigando en Venezuela

El 2024 en Venezuela comenzó con una agudización de la represión y persecución por parte del régimen hacia los espacios opositores que enfrentan al chavismo encabezado por Nicolás Maduro.

Por Infobae

En febrero, la abogada defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue arrestada y desde ese momento está incomunicada; en abril, el fiscal general Tarek William Saab declaró que se iniciará una investigación contra el periodista Orlando Avendaño por presunta “incitación” al odio y provocación a la rebelión. Persecución, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias en pleno camino hacia las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En este contexto, Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, expresó su preocupación por las recientes medidas legislativas impulsadas por el régimen de Maduro, especialmente la ley de fiscalización, que podría dejar ilegales a numerosas organizaciones civiles, y subrayó la importancia de la intervención del gobierno argentino.

– Esta semana se dio a conocer el último informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre DDHH que denuncia las flagrantes violaciones del régimen de Maduro. ¿Cómo ve el papel de la sociedad civil considerando el riesgo que enfrentan ahora?

-Nos parece bien interesante que los países tengan monitoreo sobre Venezuela. Definitivamente hay cosas nuevas. Uno es el cerco legal hacia la sociedad civil. Hay una batería de leyes en contra de la sociedad civil que están siendo presentadas por el gobierno de Maduro. Ya están aprobadas en primera discusión. Una es la Ley de Fiscalización de las organizaciones. Elimina a todas las organizaciones civiles, las deja ilegales. Pueden ser organizaciones que trabajen por por la cultura, por el deporte, por asuntos religiosos. Cambia el modelo de contrato social que había en Venezuela. Ahora sería autorizar que tú tienes que hacer varios registros y después recibir un reconocimiento de la Vicepresidencia de la República. Imagínate eso para una organización de derechos humanos, de víctimas, de comunicadores, eso sería un desastre. Y luego las penas son altísimas, son muy complejas. Incluso comprometen el patrimonio de la gente que forma parte de las directivas de las asociaciones, como si fuese una empresa. Obligan a tener que hacer declaraciones juradas como si fuese un funcionario público. Verdaderamente acabaría con toda la sociedad civil organizada.

El otro proyecto es el de la Ley Antifascismo. Es insólita porque si bien tiene un enunciado bellísimo de luchar contra el racismo, el clasismo, etcétera, luego se va complicando y va desarrollando que en realidad cualquiera que opine en Venezuela o tenga algún tipo de expresión, escribe un tuit que ellos puedan considerar que no es relacionado con los fines del Estado, lo pueden considerar fascista. Entonces es una tremenda amenaza para todo el ejercicio de la libertad de expresión. Estas dos leyes, complican todo el panorama electoral y lo que uno puede esperar después del 28 de julio.

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